Del idilio a la ruptura pública, envuelta en un complejo de procesos judiciales basados en denuncias recíprocas. Así se desmorona lo que se prometía como una agresiva irrupción del gobierno foral en materia de política de vivienda. No era otra cosa, en realidad, que una desviación de fondos públicos hacia intereses particulares puramente especulativos.
El programa Habidite no se basaba en la inversión tecnológica, sino en la especulación del suelo. Un sistema de viviendas prefabricadas que no compite ni en precio de venta ni en calidad constructiva con la construcción tradicional no merecía las desorbitadas ventajas que le llegó a ofrecer el gobierno foral: disposición gratuita del suelo y adquisición garantizada de 1.500 unidades de vivienda.
Con este programa, que se supone abarata el coste de la construcción, la DFB y los principales ayuntamientos de la margen izquierda no pretendían promover vivienda de protección oficial de régimen general, en la que con el método tradicional el valor del suelo bruto sólo puede repercutir como el 10% del precio final de venta (12.000 de 120.000 €), sino vivienda tasada, en la que el suelo llega a repercutir el 55% (132.000 de 240.000 €).
Se trata, además, de un mal sistema constructivo. El burdo trasplante tecnológico de un sistema centroeuropeo de construcción modular de viviendas unifamiliares a la ejecución masiva de bloques de vivienda colectiva no soporta el cambio de escala de diseño. El montaje basado en el nudo rígido entre vigas y pilares de las diferentes plantas del bloque obliga a una disposición exclusivamente horizontal (como la que se exhibe en las maquetas) o a saltos bruscos que completen la altura libre de una planta de piso (3 m. aproximadamente). La ejecución tradicional se adapta muchísimo mejor a la topografía inclinada de los suelos urbanizables de nuestros municipios.
Tampoco conviene olvidar que el señuelo de una hipotética creación de empleo generada por la planta de viviendas prefabricadas ha sido utilizado para amortiguar la destrucción laboral y la deslocalización empresarial sistemáticas padecidas durante la fase expansiva del ciclo económico por la comarca de Enkarterri, con reclasificaciones de suelo (Reckitt) incluidas.
A nadie debería extrañar que la crisis económica haya desbaratado un programa como éste, simplemente especulativo aunque revestido de falsa innovación tecnológica. La especial debacle del sector de la construcción, más que “crisis del ladrillo”, deberíamos denominarla “crisis del suelo”. La financiación indiscriminada de las operaciones de promoción de suelo constituyen los principales y más genuinos “activos financieros tóxicos” de nuestra economía.
Que, frente a la crisis económica, el Gobierno Vasco y las diputaciones forales hayan llegado a incluir el programa Habidite entre sus diez objetivos preferenciales (subvencionados a fondo perdido con 31 millones de euros) significa persistir en contribuir a inflar la burbuja inmobiliaria. Es un mal ejemplo de evidente desorientación político-económica, que desacredita a los actuales gobernantes de la Diputación Foral para reconducir de manera constructiva la recesión socioeconómica profunda en que nos encontramos.

Fernando Hevia, arquitecto y coordinador de Bizkaia de ARALAR